LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL
Y EL NEW YORK TIMES
El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado
por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de
Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en
Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de
Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento
bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme
influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los
cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de
artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es
de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente
Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.
Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de
su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza
HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se
habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal
banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres
de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus
propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín
y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el
padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).
Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las
grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la
propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con
un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los
autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto
público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir,
el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación,
escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo
económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las
causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos
citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a
recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia
Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa
–según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal
total.