En este artículo aparecido el domingo 10 de febrero de 2013 en el Periódico digital y escrito por Ignacio Escolar. Se puede observar la desfachatez con que intervienen aquellos que defienden un estado de las cosas dentro de unos cauces de austeridad, y de "evaluación" sobre las empresas públicas, propugnando la privatización de las mismas. La CEOE, que tantas lecciones da sobre el esfuerzo y la austeridad de los demás, arrastra un oscuro presente y un impresentable historial. Estos señores están cargados de corrupción y contaminadas sus manos en vario pintas tramas empresariales.
La trayectoria de sus últimos dirigentes es como para hacérselo mirar. José María Cuevas, su histórico presidente, ni siquiera fue empresario; su hijo (al fin un emprendedor en la familia) acaba de ser detenido en una operación contra el blanqueo de capitales. Su sucesor, Gerardo Díaz Ferrán,
está en la cárcel, acusado de gravísimos delitos; es el mismo moroso
que no pagaba a sus empleados pero tenía dinero para donar varios
cientos de miles de euros a Fundescam que se gastaron en la campaña
electoral de su amiga, la regeneradora Esperanza Aguirre. Y quien sustituyó a Díaz Ferrán, Juan Rosell, ha
tenido esta semana dos patinazos cada uno de los cuales justificaría
por separado una dimisión. El primero, asegurar que esos 7,5 millones de
euros en «donaciones» que aparecen registrados en los presuntos papeles
de Bárcenas tienen poca credibilidad porque son «cantidades ridículas» (¿cuántos ceros hacen falta para que los donativos
se parezcan a los de verdad?). El segundo, negar las cifras de paro.
Para la marca España, es ideal que el presidente de los empresarios
cuestione la estadística oficial.
Rosell también soltó el
viernes en la SER una frase para enmarcar: «En la empresa pública ni se
controla ni se evalúa». El cazo se lo dice a la sartén. En el 2010, la
CEOE gestionó 587 millones de euros. Por comparar, el presupuesto del
Congreso y del Senado (141 millones entre ambas cámaras) no llega ni a
la mitad de la mitad. El 68% de esos fondos, unos 400 millones, son
subvenciones, pagadas por los contribuyentes. La mayor parte de su
dinero es público, pero sus cuentas son opacas. La CEOE solo presenta
anualmente un mínimo resumen, con menos detalles que el salpicadero de
un Seat Panda y solo de la cúpula central. Hablamos de una organización
que cuenta con nueve vicepresidentes, una junta directiva de 221
miembros, 486 sedes por toda España y 3.729 empleados. Son los mismos
que pregonan la austeridad, llaman vagos a los funcionarios y critican
la «mastodóntica» Administración. Son también los que pedían abaratar el
despido pero aprobaron una indemnización de 1,9 millones de euros para
uno de sus exdirectivos.
El PP planteó esta semana que la futura
ley de transparencia afecte también a partidos y sindicatos, como
receptores de dinero público. Me sumo a la propuesta, pero que la
amplíen también a la patronal.
Artículo escrito por Ignacio Escolar en el diario E Prriódico.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario